¿Premio al fraude?

José Luis B. Garza

12 de abril, 2018

Como en pocas ocasiones, columnistas, analistas, jurisperitos e interesados en la política han coincidido en lamentar (Lo menos que han dicho) la decisión del Tribunal Federal Electoral de conceder el derecho de contender como candidato a la Presidencia d el República de México a “El Bronco”, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador con licencia del estado de Nuevo León.

La decisión del cuerpo colegiado integrado por siete magistrados, se dio por mayoría, cuatro de ellos estuvieron de acuerdo teniendo tres votos en contra, entre ellos el de la presidenta del más importante órgano de apelación de las decisiones electorales.

Como se ha divulgado, en su afán desesperado de lograr reunir los respaldos necesarios para lograr ser considerado candidato independiente, El Bronco, o su equipo de trabajo, presentaron ante el Instituto Nacional Electoral más de 1.2 millones de supuestas copias de credenciales de elector, algunas inexistentes, otra repetidas, muchas más de personas ya muertas y copias, inclusive, de credenciales de manejar que se pretendieron hacer aparecer como firmas de apoyo.

El Tribunal decidió absurdamente ordenar que se permitiese la participación como candidato porque entre esas credenciales apócrifas deberían de encontrarse las 16 mil que El Bronco requería para lograr  las firmas de apoyo necesarias, sin que hubiese nada que lo confirmara.

Si eso no es considerado un delito electoral se sienta un precedente que tendrá graves consecuencias para el proceso de elección del nuevo presidente del país.

Pinta en toda su crudeza la personalidad  de un defraudador que no repara en mentir y falsificar para tratar de lograr su objetivo.

Puede decirse que no fue la decisión del INE, como es cierto, ya que inclusive algunos de los consejeros, aunque han acatado la decisión del Tribunal, respetuosos de la ley, han expresado sus argumentos sobre la conducta del inescrupuloso aspirante.

Pero lo más grave no es que se haya permitido elevarlo al rango de candidato presidencial. Su conducta previa en campañas, donde utilizaba lenguaje obsceno queriendo hacerlo aparcer como expresiones populares, ya denotaba su falta de ética.

Lo más grave es que si en algún momento dado, el resultado de las elecciones de algunas de las gubernaturas en juego en este año electoral, o la misma presidencia, tiene que ser turnadas para su dictaminación el Tribunal Federal Electoral muchos pondrán en duda la resolución del órgano de apelación judicial. Las repercusiones políticas y sociales podrían provocar convulsiones irrefrenables en el país. Eso si es un verdadero peligro para México.

No se puede dejar de mencionar que en situación similar incurrieron Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, quienes también presentaron copias falsificadas de credenciales de elector, independientemente de su actual participación o coparticipación en la contienda.