Combate al lavado y a guerreros sucios

Alejandro Salas

29 de abril, 2010

Ahora que se acercan las campañas proselitistas para la elección de 12 gobiernos y la renovación de congresos y ayuntamientos en 15 entidades, la Cámara de Diputados prepara reformas para sancionar hasta con seis años de cárcel a quienes calumnien a partidos políticos o candidatos y con nueve años a quienes manejen dinero sucio. El diputado del Partido Revolucionario Institucional Arturo Zamora Jiménez dio a conocer recientemente en México que se reformará el Código Penal Federal para que se aplique en los comicios de este año. Es decir que al cuarto para las 12, cuando los procesos electorales ya están a la vuelta de la esquina, los legisladores están conscientes de que no hay tiempo para reformar el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pues de lo que se trata es que los cambios, que buscan sanciones, se apliquen en los comicios de este año. De acuerdo a lo que busca la propuesta del legislador del estado de Jalisco, se cerrarían el paso a organismos empresariales, funcionarios y particulares que usan la difamación para atacar a candidatos y favorecer a otros partidos. En apego a la argumentación del diputado, las últimas modificaciones al Código Penal Federal que redujeron las sanciones por difamación, han generado un vacío legal y no toman en cuenta que las consecuencias de acusaciones falsas pueden ser muy graves. La primera reforma pide castigar con seis meses a seis años de prisión y multa de hasta 200 días de salario a quienes calumnien y difamen a partidos, candidatos o precandidatos electorales a puestos de elección popular. El diario de los debates de San Lázaro revela que el proyecto de decreto de Arturo Jiménez Zamora presentado el 2 de febrero de este año adiciona el artículo 412 párrafo tercero del Código Penal Federal. Pues bien, la propuesta fue turnada desde aquel día a la Comisión de Jusicia de la Cámara baja, donde de acuerdo a lo que ha adelantado el diputado, el texto ya fue consensuado y está planchado para su aprobación. La segunda reforma plantea hasta nueve años de cárcel a precandidatos, candidatos, dirigentes partidistas y organizadores de eventos electorales que durante las campañas “laven” dinero de la delincuencia organizada. El consenso de los legisladores de todos los partidos es que los grupos delictivos tratan de intervenir e influir en la vida democrática del país, mediante el financiamiento de campaña. De eso no hay duda, por lo que el blindaje para que se cuide este aspecto que pone en peligro la gobernabilidad es más que necesario. Lo complejo podría ser las acusaciones baratas de políticos que puedan aprovechar la circunstancia para acusar periodistas bajo el argumento de que fueron difamados, por lo que la reforma deberá ser clara, precisa y sobre todo bien interpretada por el Ministerio Público.