Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
14 de junio, 2011
Sin debate de por medio, los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura Local se pusieron de acuerdo y por unanimidad, sacaron adelante nueve dictámenes en la sesión del Congreso de hoy, la penúltima en el primer periodo ordinario del primer año de labores, en la que no hubo Iniciativas de Ley.
Entre los acuerdos aprobados, destacan el de la creación del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial del Estado, para alentar el mejoramiento y la eficiencia de los cuerpos policiacos; además, una Reforma Constitucional que permitirá sistematizar los procesos y procedimientos de licitación pública con el propósito de lograr un eficiente aprovechamiento y aplicación de los recursos.
En materia penal, se validaron Reformas para la incorporación al catálogo de delitos graves en la entidad, el peculado así como el uso indebido de atribuciones y facultades en las variantes que se plantean, tomando en cuenta que la afectación que produce, es de carácter general en la sociedad.
También se aprobó solicitar al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, para que supervise el funcionamiento del relleno sanitario, a fin de constatar que opere como marca la ley y cumpla con los lineamientos inherentes al objeto de su creación.
Se aprobaron los principios del Sistema de Manejo Ambiental del Congreso del Estado de Tamaulipas, que tienen como finalidad promover una cultura de responsabilidad ambiental, así como disminuir el impacto en el mismo medio, el cual es generado por actividades del Poder Legislativo Estatal.
Los legisladores votaron por unanimidad el elevar a rango constitucional el principio del interés superior de la niñez para fortalecer los derechos de los menores para que tenga un trato diferente en la población, además de que el Estado habrá de salvaguardar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, atendiendo a las necesidades como la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.
Finalmente, se validó el reconocimiento constitucional del derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad para todos los habitantes del Estado