Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
9 de junio, 2011
Aunque no descartó que se pudieran abrir nuevamente abrir y revisar las cuentas públicas de los municipios, que ya fueron aprobadas en la pasada Legislatura Local, Gustavo Rodolfo Torres Salinas, consideró poco viable que se lleguen a presentar estos casos.
Y es que de acuerdo al presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), para poder abrir los expedientes fiscales aprobados, se tiene que tener una cargada de pruebas que evidencien desvío de recursos públicos o bien mal uso de los mismos.
“El propio auditor nos comentó en sus visitas ante la comisión que presido, que es difícil darle una segunda revisión a los informes de fiscalización que ya obtuvieron el visto bueno del Congreso del Estado”.
Torres Salinas abundó que “solamente en los casos donde se compruebe con documentos verídicos, fotos y testimonios, se podría caer en la excepcionalidad y serían abiertas, de nuevo, ciertas cuentas públicas”.
En cuanto a la iniciativa de punto de acuerdo que propuso el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), donde piden se reabran los documentos fiscales de cinco ayuntamientos (Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, Madero y Altamira), el diputado local del PRI, dijo lo siguiente.
“Se me hace extraño que soliciten esto, porque la Auditoria Superior del Estado ya dio a conocer que se está trabajando en consecuencia como parte de un proceso normal de este ente, así que lo que se pide no es algo que salga fuera de la competencia de los auditores, sino que lo hacen de manera constante, es su obligación”, consideró Gustavo Rodolfo Torres Salinas.
El presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Tamaulipas, específico que será hasta el próximo 30 de septiembre cuando el auditor superior del Estado, Miguel Salman Álvarez, entregue el primer informe de trabajo del 2011, en cuanto a revisión de informes de fiscalización de los ayuntamientos, dependencias estatales y organismos públicos descentralizados.