Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
23 de mayo, 2011
Hasta el momento no se han presentado evidencias claras de malos manejos en los recursos públicos de los Ayuntamientos y entes públicos gubernamentales, salvo las observaciones que han hecho los alcaldes de Tampico y Matamoros, Magdalena Peraza Guerra y Víctor Alfonso Sánchez Garza.
Así lo aseguró Rolando González Tejeda, Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado (ASE) en el Congreso del Estado.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró que no se puede crucificar o culpar a ningún ex servidor público, en tanto no se cuenten con los elementos necesarios para poder abrir una investigación sobre un posible desvió de dinero, durante sus administraciones.
“La verdad es que hasta ahorita solo han sido rumores y claro esas dos observaciones que nos han hecho llegar los presidentes municipales; fuera de ahí, no hay nada en concreto, solo las sanciones económicas que nos hizo saber el auditor Miguel Salman Álvarez, y que se aplicaron a 77 ex funcionarios”.
El ex Secretario General del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), reiteró que a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría, no llegan Cuentas Públicas con observaciones sobre irregularidades en el manejo de los recursos del erario.
“Tal como lo hemos mencionado, si tienen una o 100 fallas los documentos de fiscalización, estás tienen que ser subsanadas antes de que se les de el aval y posteriormente ya llega a nuestras manos”.
González Tejeda destacó que una cuenta pública que ya fue aprobada por la Auditoria Superior del Estado solamente puede ser “abierta”, cuando se tienen los suficientes elementos necesarios, como documentos, testimonios, entre otros, de que se violó la ley en materia de uso del dinero del erario.
“Las Cuentas Públicas tienen un lapso de cinco años de vida para que se encuentren al acceso de los órganos fiscalizadores, y es ahí donde nosotros podemos revisar los informes de administraciones pasadas; tengan por seguro que el funcionario que actuó de manera ilegal, será castigado, con una amonestación, sanción económica o en casos muy extremos, la cárcel”, concluyó el diputado panista.