Hay que redoblar esfuerzo para que opinión de jóvenes se refleje en política pública: INE

Arturo ROSAS

13 de septiembre, 2024

En noviembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará la décima edición de la Consulta Infantil y Juvenil con el objetivo de fortalecer la participación de este sector de la población y promover el ejercicio de sus derechos.

Sergio Iván Ruiz Castellot, presidente de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, dijo que ya trabajan en los preparativos para la consulta infantil y juvenil 2024, que va dirigida a niños y adolescentes de los 3 a los 17 años de edad. “Con la Consulta Infantil y Juvenil buscamos garantizar el derecho de las niñas, los niños y adolescentes a contar con espacios no sólo para opinar y hacerse escuchar y ser tomados en cuenta, sino que sus opiniones se vean reflejadas en el diseño de políticas públicas”, mencionó. Dijo que, para preparar esta consulta también participarán el Instituto Electoral de Tamaulipas, (IETAM), la Secretaría de Educación de Tamaulipas, (SET), La Universidad Autónoma de Tamaulipas, (UAT), y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, (SIPINNA), entre otros organismos y dependencias públicas.

“El primer paso será preparar la instalación de casillas para recoger la votación de los menores de edad, el ejercicio se realizará en jardines de niños, escuelas primarias, secundarias y preparatorias”.

Ruiz Castellot, explicó que las boletas electorales que se entregarán a los menores de edad para que emitan su opinión, incluirán tres temas que son:  espacios comunitarios y seguros, medio ambiente y animales, y prevención de adicciones.

“Las boletas estarán diseñadas para cuatro grupos: uno, de edades de 3 a 5 años; otro, de 6 a 9 años; un tercero, de 10 a 13 años; y el cuarto, de 14 a 17 años de edad.”

Precisó que el INE busca contribuir a que en México se valore la opinión de niñas, niños y jóvenes para construir un futuro mucho más inclusivo y equitativo, por ello, los resultados deberán enviarse a las autoridades competentes y dar seguimiento al impacto que tengan y cómo estas opiniones se transforman en políticas públicas que beneficien a los menores.