PT: Gente quiere justicia por malversación de fondos y Auditoría decide

Angel NAKAMURA

2 de marzo, 2011

Toda autoridad estatal o municipal que haya desviado recursos públicos durante las pasadas administraciones tamaulipecas deben de ser sancionadas para que se imparta la justicia en cuanto al mal manejo del dinero de la ciudadanía, tal como ocurrió en Veracruz, Oaxaca y Zacatecas.

Alejandro Ceniceros Martínez, Comisionado Nacional del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, dijo lo anterior, al mencionar que ya se recibió en la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado, una queja por parte de Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa de Tampico, sobre irregularidades económicas durante el trienio de su antecesor, Oscar Pérez Inguanzo.

 “El 28 de febrero llegó a nuestras oficinas en el Congreso, una copia del oficio del Ayuntamiento de Tampico donde denuncia algunas irregularidades de la administración pasada y durante la reunión que tendremos con el Auditor Superior del Estado, Gerardo Robles Riestra, el próximo 15 de marzo, vamos a preguntarle sobre este tema en particular”.

El diputado local del PT destacó que si existen los desvíos que se denunciaron, es necesario sancionar a las autoridades correspondientes, “habría que revisar el actuar de la Auditoría Estatal para ver hasta dónde van a proceder, y de no hacerlo, estarían incurriendo en una negligencia o un encubrimiento”.

Ceniceros Martínez dijo que en caso de haber sanciones económicas, administrativas o penales en contra de quienes pudieron haber desviado recursos públicos, esta acción servirá de lección para los actuales alcaldes así como funcionarios estatales y municipales.

“La gente tiene sed de justicia, el pueblo no ha visto ninguna sesión donde algún funcionario sea llevado ante los tribunales por malversión de fondos y aquí es donde tenemos que aplicarnos, tanto el congreso a través de la auditoria superior y las contralorías”.

Puntualizó que es urgente recuperar la credibilidad de la gente en sus gobernantes así como que las autoridades tomen más responsabilidad de la función pública que desempeñan, “de lo contrario, viviríamos en un estado fallido donde no se garantiza la tranquilidad de los ciudadanos ni el adecuado manejo del dinero”.