Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
11 de junio, 2009
El Abogado General de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Ramiro González Sosa, aclaró que no es el despacho de Diego Fernández de Cevallos, sino ex funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, los que asesoran a los ejidatarios de La Escondida, para anular la donación de los terrenos en los que se encuentra la unidad Académica Rodhe de Reynosa. Explicó que la demanda de los ejidatarios, presentada desde el 2006, se encuentra actualmente en el Tribunal Agrario, en la Ciudad de México, y se espera que sea resuelta dentro de dos o tres meses. Hace 20 años, precisó González Sosa, la UAT pagó a los habitantes de ese ejido 200 mil pesos por el traspaso de esas ocho hectáreas, que formalmente se recibieron como una donación. “En ese entonces el terreno estaba enmontado, sin ningún servicio y fuera del área urbana”, recordó, “pero la actual directiva del comisariado de la Escondida pretende desconocer la donación que hicieron en ese entonces, al alegar que no hubo el quórum legal en la Asamblea, y quieren que volvamos a pagar, pero por metro cuadrado y al valor actual de los terrenos, lo cual es absurdo”. De acuerdo al rector de la UAT, José María Leal Gutiérrez, los ejidatarios reclaman un pago de 70 millones de pesos. Sin precisar nombres, González Sosa señaló que son ex funcionarios de la SRA los que fungen como abogados y han aconsejado a los ejidatarios para presentar esta demanda, en base a la información que obtuvieron cuando trabajaron en esa dependencia, y con la idea de presionar para obtener “un arreglo” económico. “Son vivales con los que la Universidad se han negado a entrar en negociaciones, porque sería tanto como reconocer que tienen alguna razón en sus reclamos”, expuso del abogado de la UAT. El funcionario reconoció que no tienen la certeza de que el fallo en el Tribunal Agrario sea a favor de la casa de estudios, luego de lo ocurrido con los terrenos del Puerto de Altamira, sin embargo, dijo que en caso de que les resulte adverso, la UAT recurrirá a las instancias que sean necesarias para evitar perder la propiedad de la Unidad Académica Rodhe. “Iremos a la Corte o a donde tengamos que ir para defender el patrimonio de los universitarios”, advirtió, “un ejido será muy respetable, pero antes que los intereses particulares, se debe privilegiar el interés público que representa la Universidad”.