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Reynosa, Tamaulipas
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
Reynosa, Tamaulipas
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
2 de noviembre, 2025
Difundir o glorificar conductas delictivas en redes sociales, medios digitales o narcocorridos podría castigarse con hasta siete años de prisión, según una iniciativa presentada en el Congreso del Estado.
El proyecto, impulsado por el diputado de Morena, Marcelo Abundiz Ramírez, busca reformar el artículo 202 del Código Penal de Tamaulipas para sancionar la apología del delito o de algún vicio.
La propuesta pretende actualizar la legislación a la era digital, donde los mensajes que exaltan la violencia o la delincuencia se han multiplicado en redes sociales y plataformas musicales.
De aprobarse, quien promueva o justifique conductas criminales enfrentaría penas de seis meses a siete años de cárcel y multas de 50 a 300 UMA.
La apología será considerada pública cuando se realice en espacios abiertos o por medios que permitan difusión masiva de contenido ilícito, precisó el legislador.
Si el responsable es servidor público, la sanción se incrementará en un tercio y podría incluir inhabilitación del cargo o función.
Además, aunque el delito no llegue a consumarse, la sanción aplicará por la provocación o la apología en sí misma, aclaró Abundiz Ramírez.
Aunque el texto no lo menciona directamente, la iniciativa también alcanzaría a quienes interpreten o difundan narcocorridos o expresiones que exalten la violencia.
El diputado sostuvo que la reforma busca frenar la incitación al crimen sin vulnerar la libertad de expresión, promoviendo un uso responsable de los medios digitales.
Advirtió que la falta de actualización legal deja vacíos ante mensajes que normalizan la delincuencia, sobre todo entre los jóvenes expuestos a redes sociales.
El morenista propuso que la Fiscalía General de Justicia del Estado emita una opinión técnica para garantizar la constitucionalidad de la reforma.
La iniciativa toma como base los códigos penales de Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Tabasco, San Luis Potosí y Nayarit, donde ya existen sanciones similares.
