Matamoros: lo viejo se hunde; lo nuevo, no aprende a flotar

José Ángel Solorio

28 de septiembre, 2025

 ¿Soberbia?

 ¿Impunidad?

 Ambas, probablemente.

 Es el segundo que se sabe que cae. Y en el mismo lugar: Matamoros, Tamaulipas.

 Primero fue el alcalde Beto Granados; luego le siguió el exalcalde la Borrega López. Los dos, por los mismos motivos: la sospecha de colaborar -o tolerar- a los grupos antisociales que los norteamericanos califica de terroristas.

 A Granados lo retuvieron en las oficinas de migración por un par de horas; a la Borrega -se le bañaron- por más de 13 horas.

 Quienes vivimos en la frontera, sabemos lo que significa que las autoridades te interroguen.

 Ya el gobernador Américo Villarreal Anaya, en una plenaria con la mayoría de los alcaldes, diputados y otros servidores públicos, había advertido no pasar a los Estados Unidos más que por razones muy necesarias, urgentes. Esa fue la respuesta de la autoridad a la retención de Beto en Matamoros.

 Se encendieron las alertas.

 Muchos le hicieron caso a esa recomendación.

 La Borrega no se la creyó.

 Inconsciente, pues en su haber tenía la responsabilidad del secuestro de una familia norteamericana con la participación de vehículos del ayuntamiento que presidía. La indagación sigue abierta en Tamaulipas; al igual que en USA.

 Los sabuesos gringos, nunca muestran su prisa; esperan años, dan confianza a los sospechosos, permitiéndoles inversiones, compras y más movimientos oscuros. Cuando ya tienen un monto respetable de bienes en Estados Unidos, dan el zarpazo: los echan para México. E inicia el verdadero martirio de nuestros paisanos: los juicios para asegurarles todos los negocios erigidos con dólares provenientes del ejercicio de la autoridad en México.

 Así ha ocurrido desde inmemoriales tiempos.

 Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, son ejemplo de esa conducta recurrente de nuestros exservidores públicos. Miles de millones de dólares de los tamaulipecos, fueron a parar a las manos del tesoro norteamericano, cuando les arrebataron inmuebles, cuentas bancarias y negocios levantados con dinero de nuestros impuestos.