Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
30 de julio, 2009
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la decisión sobre si las elecciones en Tamaulipas se realizan el primer domingo de julio, como lo establecen las reformas constitucionales publicadas el 6 de noviembre de 2007 o si se realizan el tercer domingo de noviembre, como lo propone el Congreso del Estado. La decisión se espera para los primeros días de agosto. El ministro Jorge Valls revisa el caso, luego de que en febrero pasado el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática impugnó las reformas electorales que el Congreso de Tamaulipas realizo a fines del 2008 y mediante las cuales éste pidió aplazar las reformas constitucionales. En noviembre del 2007, el Congreso aprobó la reforma a varios artículos de la Constitución General de la República mediante la cual estableció que las elecciones en los estados deben realizarse el primer domingo de julio y dio un plazo de un año para que los congresos estatales presentaran sus posibles inconformidades. El Congreso de Tamaulipas adecuó la legislación a las reformas constitucionales, pero pidió que por ésta única ocasión, las elecciones del 2010 sean en noviembre. Después el PRD impugnó la decisión del Congreso de Tamaulipas, argumentando que el cambio de fecha crearía confusión entre el electorado. Los más interesados en que las elecciones sean en noviembre, son el Gobernador, los 43 alcaldes y los 19 diputados, porque saben que si para julio del 2010 ya hay funcionarios electos, su poder se mantendría vivo en función de los recursos que manejen pues la cargada se iría con los funcionarios electos. Así ha sido siempre y así seguirá durante muchos años más. Son esas costumbres de antaño que no cambian. Para los gobernantes en turno sería muy complicado compartir el poder con los funcionarios electos, durante casi seis meses, en que habría dos gobernadores, 86 alcaldes y 88 diputados, unos en espera de salir y otros en espera de entrar. Esto sin contar que una vez definidos los candidatos, se reducirá el margen de poder de los funcionarios en funciones. En todo caso suena más adecuado que estas reformas se apliquen en el 2013 para que las elecciones sean en julio y que los funcionarios electos inicien sus funciones en agosto. En el 2016 se aplicaría lo mismo para el gobernador, se le elegiría en julio y entraría en funciones en agosto. Cuando Tomás Yarrington era gobernador consintió una reforma mediante la cual su período se redujo en 36 días de tal forma que el relevo en el sexenio paso del 5 de febrero, al uno de enero. Sin embargo, si la Suprema Corte de Justicia decide que las elecciones sean el primer domingo de julio, se va a modificar el calendario electoral y para diciembre ya habría candidato a gobernador y para marzo o abril del año próximo se definirían los candidatos a alcaldes y diputados. Y de por sí ya se ve a muchos personajes, sobre todo en el PRI, que hacen todo lo que está a su alcance para conseguir que su partido los escoja como sus abanderados. Será, pues, muy interesante ver si la Suprema Corte de Justicia decida la próxima semana qué se hace con las elecciones en Tamaulipas.