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Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
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2 de septiembre, 2025
El DIF municipal de Ciudad Madero quedó exhibido tras un error garrafal en un proceso de custodia, en el que una jueza familiar otorgó de manera ilegal la custodia de una niña de apenas tres años a su presunto agresor.
La Colectiva Feminista Mujer Manglar denunció que la actuación del DIF fue omisa, negligente y cómplice de una violación flagrante a los derechos de la menor y de su madre.
La jueza Roxana Ibarra Canul entregó la custodia provisional de la menor en un juicio paralelo, sin que la madre –Gabriela– fuera notificada, y pese a que el padre jamás cumplió con las evaluaciones psicológicas ordenadas en el expediente principal. Mientras ella cumplió con todos los requisitos, él se limitó a aparecer en audiencias como medida de presión.
El caso se agravó con la aparición de un segundo juicio, identificado como 1065/2024, radicado en noviembre del año pasado, del cual Gabriela nunca fue informada. Fue en este expediente oculto y plagado de irregularidades donde la jueza decidió arrebatar a la niña de su madre.
La denuncia es contundente: el DIF Madero ni siquiera estaba enterado de la existencia del proceso. Llegó tarde, sin abogado coadyuvante, sin verificar las condiciones socioeconómicas de la menor y sin una evaluación psicológica del CECOFAM, requisitos indispensables antes de cualquier cambio de custodia. En la práctica, incumplió todas sus obligaciones legales y dejó en total indefensión a la menor.
El operativo fue descrito como brutal: la niña fue arrancada de los brazos de su madre entre gritos y llanto, mientras Gabriela era golpeada hasta quedar inconsciente y hospitalizada.
La propia madre de Gabriela también fue agredida. Todo ocurrió sin orden válida, sin protocolos del Poder Judicial y con la Guardia Estatal participando como cómplice de la violencia institucional.
La Colectiva exigió respuestas inmediatas: ¿cómo es posible que una jueza que ignora la ley y protege agresores siga en funciones?, ¿hasta cuándo el DIF, la CNDH y el propio gobierno federal seguirán guardando silencio?
Este caso no solo evidencia corrupción e irregularidades judiciales: representa una traición a la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por el interés superior de la niñez.
La omisión del DIF Madero y la actuación de la jueza Roxana Ibarra Canul son hoy un símbolo del colapso institucional en la protección de las mujeres y los niños en Tamaulipas, remata el Colectivo.
