'Superada inconstitucionalidad, Tamaulipas va por Reforma Judicial; es cambio democrático, no revanchismo...'

Arturo ROSAS

6 de noviembre, 2024

La decisión que tomó la Suprema Corte para dejar firme y legal la Reforma Judicial, “no es un asunto de revanchismo con la derecha”, expuso el Diputado Humberto Prieto Herrera y anunció que en este mismo semestre, podrían bajar la reforma a la Constitución en el caso de Tamaulipas.

El Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, celebró la decisión de los Ministros porque de esta manera el país va elegir a partir del próximo año a todos los jueces y magistrados por voto popular. Destacó que la Suprema Corte ha cerrado con este fallo, toda posibilidad de cambiar la reforma judicial instaurada por el gobierno federal desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y ahora por la administración de Claudia Sheinbaum. “Hubo seis Ministros que no estuvieron de acuerdo y eso es preocupante que velan por la Constitución, no acepten algo tan claro que está en la Constitución, pero lo bueno es que ya se van”.

Lo anterior, aunque reconoció que se puede interpretar como otra derrota para la derecha, para Humberto Prieto “es un paso importante para la democracia, no es un asunto de revanchismo, es un tema que, con el paso del tiempo, han hecho que se lleguen a estas consecuencias donde el Poder Judicial se tiene que reformar por hechos tan sesgados hacia la derecha”.

Con lo anterior, dijo que el Congreso de Tamaulipas, está preparado para iniciar la homologación de la Reforma Judicial “para que el próximo año estemos votando por los Magistrados y por los Jueces”.

¿Se extenderían hasta febrero?“No, yo espero que quede antes, que quede en este semestre”.

El proyecto rechazado este martes por la Corte, y que fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, proponía que solo fueran votados los jueces de la cúpula judicial (ministros del Supremo y magistrados electorales y de disciplina), y que los jueces de distrito y magistrados de circuito se mantuvieran sujetos a los ascensos escalonados de la carrera judicial, que existe en México desde hace tres décadas. El proyecto también señalaba que era indebida la imposición, desde la Constitución federal, de un modelo u hoja de ruta a los Estados (que son libres y soberanos) para conformar sus poderes judiciales.

Los ministros se enfrascaron en un largo debate técnico sobre si la Suprema Corte tiene facultades para revisar e invalidar reformas a la Constitución. El proyecto de sentencia, que finalmente fue apoyado por siete de los 11 ministros, sostenía que sí.

El Supremo mexicano es un tribunal constitucional y como tal puede invalidar leyes generales que contradicen el texto de la Carta Magna. El proyecto de Alcántara señalaba que la Constitución es un conjunto de normas generales y que, en determinados casos, los cambios que se le hagan desde el Legislativo pueden ser revisados mediante la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que promovieron los partidos de oposición para controvertir la reforma oficialista.

La elecciónDe acuerdo a la información que sea difundido en la convocatoria y lo que dan a conocer los jueces con sus aspiraciones y renuncias, son alrededor de mil 700 cargos judiciales de nivel federal tendrán que ser votados en las urnas en dos elecciones, una en 2025 y otra en 2027. 

Serán electos jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (de reciente creación) y ministros de la Suprema Corte. Los 32 Estados que conforman la República también elegirán por voto popular a sus poderes judiciales locales en dos comicios. 

Los mexicanos tendrán que decidir entre miles de candidatos a jueces en todas las materias de los tribunales, desde los más elementales de justicia familiar hasta los más especializados en lo mercantil o las telecomunicaciones. 

El Instituto Nacional Electoral (INE), que estará a cargo de organizar los comicios, ha presupuestado un gasto público de más de 13 mil 300 millones de pesos (unos 656 millones de dólares) sólo para la elección del próximo año.