IFE: Ultimátum a sacerdotes para frenar proselitismo

Juan José RAMIREZ

23 de junio, 2009

El que un sacerdote o ministro de un culto induzca al voto, tendrá una sanción de 500 salarios mínimos a lo que se harían acreedores quienes tomen este tipo de actitud. Lo anterior lo dio ha conocer, Carlos Alberto Cadena Herrera, vocal presidente del Consejo del Cuarto Distrito Electoral en esta ciudad, esto sobre la prohibición que se hizo en Ciudad Victoria. “La ley es muy clara y señala que los ministros o sacerdotes de algún culto religioso que exhorten a voto para un partido o candidato, serán acreedores a una multa de 500 salarios mínimos”, dijo el funcionario. El presidente Consejero aclaró que sin embargo lo que si pueden hacer los sacerdotes es que pidan a los feligreses a que salgan a votar, pero sin inducirlos a un partido político o candidato. “Lo que sí esta permitido es que exhorten al voto libre, porque al final de cuentas nos ayudan a que la gente tenga participación el próximo 5 de julio, pero siempre y cuando no se inclinen por tal o cual candidato”, dijo el funcionario. Y es que según algunas versiones se dio ha conocer que en Ciudad Victoria se prohibió a los sacerdotes que pidan el voto a los feligreses, por lo que no pueden hablar de esta situación hasta en la homilía. Cadena Herrera explicó que en este caso si pueden hace el exhorto al voto, pero no inclinarse a un partido o persona, porque en este caso podrían ser sancionados por la Fepade y no por el IFE. “Estamos hablando que es un delito federal, que en este caso lo sanciona la Fepade que son los que van a sancionar a estas personas”, aclaró. “En el caso del distrito de Matamoros no tenemos ninguna denuncia”. Sobre las declaraciones que hiciera el obispo, que el no votar sería como cometer un pecado, el funcionario aseguró que no está cometiendo un delito, ya que solo es el exhorto en general. Cadena Herrera indicó que son a las únicas personas que no se les puede sancionar con cárcel, ya que solo se les aplica una multa, sin embargo si esta actitud la toma un funcionario público, podría ser detenido.