Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
27 de octubre, 2011
El 'zafarrancho' generado, el domingo anterior, por las diversas 'corrientes' del PRD ya derivó en una primera denuncia penal contra el regidor Alejandro Castrejón Calderón, el ex Consejero Nacional, Alejandro Castrejón Brito y el ex integrante del Comité Político Estatal, Francisco Chavira bajo la acusación de 'robo de paquetería electoral correspondiente al Distrito V'.
La querella es firmada por María Teresa Peña Martínez, quien se identificó como Presidenta de la Casilla ubicada en la Plaza Principal, y quien denuncia además a los presuntos perredistas José Luis Moreno, Armando Puebla, Edgar Hernández y Susana Juárez Rivera.
El caso tomó un nuevo giro, cuando aparentemente se trataba sólo de fricciones al interior, una vez que Peña Martínez pide al MP sanciones jurídicas contra quienes -asegura- violentan los Artículos 399 y 405 del Codigo Penal vigente en el Estado.
De acuerdo con la querellante, los hechos se produjeron al filo de las 9 de la mañana, una media hora después de iniciar la instalación de la Casilla, en el momento en que llegaron a ese sitio los señores Alejandro Castrejón Calderón y Alejandro Castrejón Brito para externar violentamente -según su versión- que les entregara toda la documentación electoral 'porque el proceso se canceló en todo el Estado'.
Según el documento presentado ante el MP, tanto el regidor como Castrejón Brito habrían llegado al lugar acompañados de diez personas identificadas con el Grupo-Chavira quienes en forma violenta les arrebataron la papelería.
Peña Martínez acusa directamente a José Luis Moreno de ser la persona que les arrebató la paquetería.
En su declaración, la denunciante señala como testigos a los ex presidentes del Comité Municipal del PRD, Catarino Oliva Blasco y Amelia Acosta Morales.
La denuncia fue presentada este miércoles al filo del mediodía justo dos días después que el Presidente del CDM del PRD (con 'licencia') Alfredo Castro Olguin anunció que tras los actos violentos de la jornada perredista sobrevendrían denuncias jurídicas.