Caos, pérdidas y una ciudadanía secuestrada por bloqueo en San Fernando

Arturo ROSAS

9 de julio, 2025

Mientras miles de ciudadanos y transportistas siguen atrapados en medio del caos, un reducido grupo de productores encabezados por Guillermo Aguilar Flores y su esposa Juana Elizabeth Espitia continúa paralizando la carretera en San Fernando, sin pasar por alto que ya han paralizado el puente internacional Reynosa–Pharr.

A la fecha, el bloqueo que tienen los productores de sorgo que quieren imponer un precio al grano que se rige por precios internacionales y no en el estado, han generando pérdidas millonarias y afectando la movilidad de miles de familias, trabajadores y empresas.

A espaldas de cualquier voluntad de diálogo, este grupo, arropado por el Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas (FEPAT), ha decidido que sus intereses están por encima del bienestar colectivo. Junto a Juan Luis Pizano Martínez y José Razo Guzmán, Aguilar y su grupo persisten en una protesta que ha dejado de ser legítima para convertirse en un acto de chantaje y desestabilización.

Detrás de este movimiento, según diversas fuentes políticas, está la diputada local Casandra de los Santos Flores, señalada como autora intelectual de esta estrategia de presión, que más bien parece un intento deliberado por reventar la economía regional.

Las filas de tráileres y camiones abarcan kilómetros. Transportistas desesperados han recurrido a las redes sociales para exigir que se desbloqueen las carreteras: “Estamos perdiendo dinero, entregas, tiempo y combustible. Esto ya no es protesta, es una agresión a quienes sí trabajamos todos los días”, se lee en una de las publicaciones más compartidas.

Más allá del coraje social, lo cierto es que el Código Penal Federal establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes bloqueen o interfieran con las vías federales de comunicación, lo cual ya es el caso.

Los bloqueos no sólo afectan a transportistas. Familias, médicos, estudiantes y empresas han tenido que cancelar traslados, consultas, entregas y operaciones por la cerrazón de un grupo que no ha querido sentarse a negociar con el Gobierno Federal, a pesar de tener abiertos los canales institucionales.

La protesta social es un derecho, pero usarla como herramienta para doblegar al Estado, sin importar el daño colateral a terceros, es otra cosa. Y eso es lo que ciudadanos y cámaras empresariales empiezan a llamar por su nombre: extorsión política con fines personales o electorales.

Organismos ciudadanos y sectores afectados han solicitado que, si los líderes del FEPAT se niegan al diálogo, las autoridades hagan valer el Estado de Derecho y liberen las vías, con apego a la ley. Porque Tamaulipas no puede seguir siendo rehén de intereses personales ni de grupos que operan con fines más políticos que agrícolas.