¿Por qué AMLO, no; y “JR”, sí? 

Martha Isabel Alvarado

17 de agosto, 2021

.-Senadora Lupita Covarrubias, ‘calla como momia’ 

.-Tutela programas sociales “de dientes pa’ afuera” 

.-‘Súper delegado’, viola artículo 134 constitucional 

.-¿Hijo de AMLO, ‘tapadera’ de funcionario federal?  

 

Aquí hemos insistido en la pregunta: ¿Por qué la Comisión de Quejas y Denuncias del INE le sacó ‘tarjeta roja’ al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, en 2020, y en el caso del súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, en este 2021, la autoridad se porta tan permisiva?.   

El 30 de abril de 2020, el INE dictó una medida cautelar para que el IMSS detuviera la entrega y difusión de cartas firmadas por AMLO a beneficiarios de créditos por COVID-19. Ello, porque se violaba el artículo 134 constitucional que prohíbe promoción personalizada de servidores públicos.   

Lo anterior, a solicitud de los representantes del PRI, PAN y PRD ante dicho órgano electoral.  

Con fecha 6 de mayo de ese mismo año (2020), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la resolución de la Comisión de Quejas del INE, y frenó en forma definitiva la distribución de las cartas con el nombre del presidente LÓPEZ OBRADOR, por considerarlas violatorias de la Constitución Federal.   

Bajo ese orden de cosas, llama la atención, que nadie diga nada, ante el reparto de tarjetas de presentación de José Ramón Gómez Leal, que se adjuntan a la entrega de beneficios de los programas sociales, e incluso se entregaron -en propia mano- a los jóvenes de 18 a 39 años de los municipios fronterizos de Tamaulipas que fueron inoculados contra el Covid 19, con la vacuna de “Pfizer”.  

Incluso, en los días recientes, “JR” ha arreciado su promoción a costa de los programas sociales, con mensajes SMS de telefonía celular, desde el número 26262, usando textos alusivos a la Pensión de Adultos Mayores que otorga el gobierno de la “4-T”.   

En corto, presuntamente, el propio “JR” ha comentado con allegados que, si los más de 600 mil jóvenes vacunados en los municipios fronterizos le otorgaran su voto de confianza, eso sería suficiente para ganar la gubernatura en 2022.   

¿Así o más ‘ganón’?.  

Lo anteriormente relatado, nos remite a una Iniciativa con proyecto de Decreto presentada el 5 de noviembre de 2020, por la Senadora de Morena por Tamaulipas, MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES, para adicionar un párrafo al artículo 223 del Código Penal Federal en materia de delitos por hechos de corrupción.   

Dice textualmente la Senadora Covarrubias, en su exposición de motivos de dicha Iniciativa: “Los programas sociales buscan otorgar apoyos económicos que garanticen el desarrollo integral de la ciudadanía, apoyando el estudio y garantizando la salud, entre muchos otros beneficios”.   

“Estas estructuras institucionales tienen por objeto generar bienestar social entre las comunidades de la República, incentivando la productividad y promoviendo oportunidades de crecimiento, tanto a nivel económico como educativo y cultural”.  

“Para obtener resultados significativos, es imperativo contar con un ejercicio transparente y honesto en la estructura de distribución, manejo y entrega de los apoyos sociales. Es nuestro deber, como Senado de la República, salvaguardar estos mecanismos y apuntalar su correcto funcionamiento”.   

“El principal objeto de esta iniciativa es la tutela, tipificación y establecimiento de penas por el delito de desvío o distracción de los recursos públicos, empleados en los programas sociales a través de modificaciones al Código Penal Federal, para establecer claramente, al tipo penal, una agravante y la inhabilitación por la distracción de recursos destinados al desarrollo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.  

En ese sentido, la Senadora Covarrubias propuso en aumento de dos terceras partes, a las penas correspondientes al delito de Peculado.   

¿Por qué será, que figuras prominente de Morena, como esta Senadora tamaulipeca, que se ‘rasgan las vestiduras’ condenando el mal uso de los programas sociales, ‘callan como momias’ ante el manejo tramposo que estaría haciendo “JR” de los mismos?.   

En diciembre de 2018, la bancada de Morena en el Senado, a través de uno de sus integrantes, el Senador poblano ALEJANDRO ARMENTA, impulsó una reforma al artículo 19 constitucional, para tipificar como delitos graves la corrupción, el huachicoleo y los delitos electorales. Esto, para frenar la utilización indebida de recursos del erario público. ¿Y?.   

¿Será verdad que a “JR” lo ‘patrocina’ un hijo del presidente, y por eso es que nadie se atreve a denunciarlo?.   

CONTRAFUEGO: “No somos tapadera de nadie”, AMLO dixit.  

Hasta la próxima.