¿La tierra es de quien la trabaja?

Raúl HERNANDEZ

10 de mayo, 2009

Aunque está alejado de la grilla y la actividad pública, el ex dirigente parmista, Bruno Álvarez Valdés tuvo necesidad de salir a denunciar que un grupo de ejidatarios están exigiendo una cuota de 6 mil pesos por lote a las familias de la colonia Insurgentes, terrenos que él les regalo hace algunos años, a cambio de darles una carta en la que autorizan que se regularicen los predios. En la colonia hay 620 lotes, así que de concretarse el cobro, los ejidatarios obtendrían más de tres millones de pesos. Bruno denuncia que los ejidatarios son controlados por Efraín Serna Infante y el regidor Alfonso Meza Herrera quien se siente con fuero. Este es un asunto que data de hace algunos, cuando un grupo de integrantes del ejido La Sandía se separaron y fundaron el ejido Francisco Villa, con el apoyo de Bruno Álvarez a quien en agradecimiento lo hicieron ejidatario y le regalaron 19 hectáreas. Las tierras fueron invadidas más adelante y Bruno en vez de sacar a los invasores decidió regalarles los terrenos. Sin embargo, con el paso del tiempo un grupo de ejidatarios argumento que las tierras no eran de Bruno sino propiedad comunal, se fueron a juicio y Bruno les gano. Los ejidatarios no quedaron conformes y entablaron un segundo juicio que también perdieron. Hace dos semanas, la Comapa envió personal a la colonia Insurgentes para promover contratos de agua, en la inteligencia de que el drenaje se instalará más adelante. Para apoyarlos, la Comapa les pide 300 pesos de enganche y el resto, alrededor de 1,500, pagadero en parcialidades cargadas a los recibos de consumo. Sin embargo, los ejidatarios se dieron cuenta, se presentaron y presionaron a los empleados para que no continuasen con los contratos. A los colonos, los ejidatarios les piden 6 mil pesos a cambio de una carta en la que señalan que están a favor de que la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett) regularice la colonia y que se puedan contratar servicios. En la administración pasada, el Ayuntamiento apoyó la electrificación de la colonia, pero luego los ejidatarios pusieron trabas. Ahora sucede lo mismo con el agua. Bruno Álvarez dice que ya les ha ganado dos veces en los tribunales, pero por lo visto habrá un tercer juicio, de tal manera que no se cumple con el precepto legal de que no puede haber dos juicios para un mismo asunto. Y en medio de todo esto, la Comisión para el Combate de la Pobreza Extrema le está pidiendo a Bruno que done un terreno para la construcción de un dispensario médico, en lo que dice que está de acuerdo, pero que ya se detengan los abusos contra la gente pobre de la colonia Insurgentes. Colonia, que por cierto, es catalogada por el gobierno municipal, como de pobreza extrema y actualmente se instalan gratuitamente pisos de concreto y sanitarios ecológicos para beneficio de las familias. En medio de todo asunto, el regidor Alfonso Meza Herrera esta convertido en un rabioso defensor de un grupo de ejidatarios a los que los mueven tres cosas: dinero, dinero y más dinero, Contrasta su actuación con el líder de la CNC, Alejandro López Robles, muy mesurado y muy ajeno a negocios caracterizados por el “sospechosísimo”.