Impulsan cumplimiento gradual de la Ley Silla

REDACCIÓN

7 de octubre, 2025

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS) informó que el Estado avanza en el proceso de implementación de la Ley Silla, normativa que busca garantizar condiciones dignas en los centros de trabajo, especialmente para aquellas y aquellos empleados que permanecen largos periodos de pie.

La dependencia precisó que, aunque no existe un registro formal de empresas que ya cuentan con estas adecuaciones, se mantiene una relación constante con organizaciones empresariales y cámaras productivas, además de haber realizado sesiones informativas con el sector patronal para orientar sobre la correcta aplicación de la ley.

El titular de la STPS, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó que el proceso será gradual y con un enfoque empático hacia las empresas, privilegiando la orientación antes que la sanción. 

Durante las inspecciones donde detecte el incumplimiento, se otorgará un plazo razonable para que los centros de trabajo se pongan al corriente, destacando que será hasta el mes de diciembre, entrará en vigor su obligatoriedad.

Agregó que solo en casos de reincidencia o ante quejas por parte de los trabajadores, el Estado podrá turnar los expedientes a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, que es la instancia facultada para aplicar sanciones económicas que pueden alcanzar hasta 100 mil pesos, dependiendo de la gravedad y las condiciones de cada situación.

El funcionario aclaró que la Ley Silla es obligatoria para todas las empresas, aunque se contemplan excepciones específicas, como en el caso de constructoras o actividades donde el cumplimiento literal de la disposición sea impracticable. En esos escenarios, se establecen observaciones y medidas alternativas para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores.

Illoldi Reyes dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya, reafirma su compromiso con un modelo humanista y de transformación, que coloca al centro de las políticas públicas el bienestar de las y los trabajadores, promoviendo condiciones laborales más dignas y equitativas en el estado.