Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
12 de junio, 2024
Con 21 votos a favor y 11 en contra, el Congreso en Tamaulipas aprobó redireccionar un gasto de 442 millones de pesos en su presupuesto del ejercicio fiscal 2024, al finiquitar un contrato con la empresa Tres 10, S.A. de C.V. que contrató el gobierno de Cabeza de Vaca para instalar cámaras de vigilancia en la entidad.
El contrato que se hizo a través de una APP, logró ganar más de 4 mil millones de pesos en un periodo de seis años y con la nueva disposición aprobada en el Congreso de Tamaulipas se suspendió el pago que corresponde al ejercicio del 2024 y 2025.
Para ello, explicó la diputada Magaly Deandar Robinson, en la tribuna, el Estado al finiquitar el contrato, hizo el pago de una compensación ya que esto formaba parte de una cláusula. Dijo que estos recursos que hacían frente a esos compromisos de pago con la empresa Tres 10 S.A. de C.V., serán destinados a servicios de seguridad pública, “entre ellos, el de mantenimiento y fortalecimiento de la infraestructura de video vigilancia del estado”.
Señaló que las labores de conservación de la paz pública, se fortalecerán, ya que la cancelación de este contrato no implica inobservar ni desatender esta parte, sino que se seguirá invirtiendo en estrategias que tengan como fin erradicar la violencia, asegurar la convivencia social y tener un estado pacifico.
Asimismo, con esta terminación anticipada del contrato que adquirió la pasada administración estatal, deriva un gran beneficio para Tamaulipas, pues habrá más disponibilidad de recursos para hacer frente a los programas prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028.
Durante la sesión de este martes, también se aprobaron reformas impulsadas por la Presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica, a la Ley de Tránsito, a fin de atribuir a las autoridades en esta materia, implementen campañas y programas de educación vial, destinados a crear conciencia de corresponsabilidad en la ciudadanía.
Con esta atribución en la legislación estatal, se fortalecerá la capacidad de las autoridades locales, para abordar integralmente la problemática del tránsito y la seguridad vial en sus jurisdicciones desde la perspectiva de la prevención