18 de noviembre, 2025
El aparato de Comunicación Social del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca no solo fue ineficiente y de nulos resultados, sino que incurrió en una serie de irregularidades administrativas y financieras que ahora...
Se trata de denuncias que, en la suma, arrojan un presunto desvío que supera los 560 millones de pesos.
Una de las denuncias fue interpuesta el pasado 18 de febrero de 2025.
La demanda es, por supuesto, contra el exgobernador Cabeza de Vaca, pero también contra quienes fungieron como sus voceros: Francisco García Juárez y Maximiliano Cortázar Lara.
Así es: los funcionarios -que no funcionaron- que coordinaron el área de Comunicación Social cabecista se encuentran en la mira no solo de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, sino del Tribunal de Justicia Administrativa.
Los delitos por los que son acusados los tres, Cabeza de Vaca, Paco García y Max Cortázar son graves.
¿Por qué se les atribuye el calificativo de graves?
La respuesta se encuentra en que la coordinación de Comunicación Social del sexenio anterior asignó contratos ilegales para el supuesto manejo de la imagen institucional o gubernamental.
Uno de los favorecidos con esos contratos millonarios y carente de sustento fue el equipo de fútbol Tampico-Madero, cuando el propietario de la escuadra era Grupo Orlegi, compañía encabezada por Alejandro Irarragorri.
Por otras irregularidades cometidas en el Club Santos, el presidente del Consejo de Administración del Grupo Orlegi fue acusado de defraudación fiscal por la Fiscalía General de la República a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En abril de este año, incluso, fue declarado prófugo de la justicia. Sin embargo, el pasado 7 de octubre, un juez federal con sede en Torreón, Coahuila, dictó la absolución del empresario y, por tanto, no fue vinculado a proceso.
No obstante, la Fiscalía General de la República impugnó la resolución y el caso se resolverá en un Tribunal Colegiado de Apelación.
Los expedientes abiertos en contra del área de Comunicación Social del gobierno cabecista provienen de las auditorías aplicadas durante los ejercicios de los años 2020, 2021 y 2022… considerando que en esos dos últimos años se realizaron elecciones, primero, por las alcaldías y las diputaciones locales y, después, por la gubernatura tamaulipeca. Las irregularidades detectadas fueron escandalosas.
Una de las anomalías que más llama la atención es el pago de 40 millones de pesos a una empresa que opera redes sociales…
Sí, a esa empresa le dieron 40 millones de pesos…
La empresa podría tener presuntos vínculos con Max Cortázar… quien fuera el operador de medios del expresidente Felipe Calderón y, en sus años de juventud, baterista de ‘Timbiriche’.
Ahora, tanto Max como Paquito (así, en diminutivo) García podrían ser citados a declarar e, incluso, ir a la cárcel junto con su patrón, el prófugo que reside en Texas, por un presunto desvío que supera los 560 millones de pesos.