La propuesta de Bernal

Alberto Guerra Salazar

28 de mayo, 2009

Mañana se cumplen 25 años de la muerte del periodista Manuel Buendía, asesinado en pleno centro del Distrito Federal, por funcionarios del gobierno federal de la época. Y el martes 26 de mayo, apareció el cuerpo del periodista Eliseo Barrón Hernández quien fue “levantado” de su casa en Gómez Palacio, Durango, por un grupo de sicarios que lo torturó antes de quitarle la vida. En ambos casos asoma la corrupción política, con diferentes matices pero movida por la misma consigna macabra: silenciar voces valientes que servían a la sociedad mediante el ejercicio de la libertad de prensa. Buendía fue ejecutado por órdenes del más conspicuo jefe de la policía política de aquel gobierno federal, tal vez por su iniciativa o por indicaciones superiores; Eliseo cayó abatido por pistoleros que pagan a precio de oro la impunidad. La alternancia de partidos políticos en el poder se dio desde el año 2000, pero las cosas siguen igual, si no es que peor, a juzgar por los más recientes acontecimientos. La asociación civil “México Unido contra la Delincuencia ”, un organismo que presume no ser gubernamental pero que tiene una estrecha vinculación con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, emitió ayer una extraña petición a los Gobernadores de los Estados. A la luz del escándalo nacional suscitado por la aprehensión masiva de funcionarios públicos de Michoacán a manos de la SEDENA y la SIEDO , esta AC pidió a los jefes de los poderes ejecutivos estatales “extender indagatorias a todos los niveles y áreas de gobierno donde se presuma la convivencia con el crimen organizado”. Así de un plumazo, “México unido..” puso bajo sospecha de corrupción a TODOS los servidores públicos de las entidades federativas, amén de aplaudir públicamente la privación de la libertad de los funcionarios michoacanos sin que se les prueben todavía los ilícitos imputados. Revisando las notas de la prensa nacional sobre este affaire, descubrimos que la PGR armó todo el tinglado contra alcaldes y funcionarios estatales perredistas a partir de una presunta “narco-lista” con los nombres de 60 de ellos. La lista fue hallada en el interior de un vehículo de La Familia Michoacana ; habla de sumas de dinero entregadas a funcionarios, sin especificar si es moneda mexicana o extranjera, ni la periodicidad. Eso incluye al propio Procurador General de Justicia de Michoacán, quien se entregó voluntariamente para aclarar su situación. El Gobernador Leonel Godoy reclamó airadamente que no le hayan avisado del operativo, como lo ordena la ley, y el Secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont le responde en su cara, en Morelia, que se mantuvo oculto “para que no se filtrara la información”. Y Fernando se quedó tan tranquilo después de decirle en su jeta al Gobernador que no le tienen confianza porque puede ser “pitarrón”, lo que en la jerga hamponil significa desleal, traidor, delator. Gómez Mont participó en la capital de Morelia en la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública, la que rubricó con el Gobernador Godoy con la firma de un convenio de colaboración. Sí, de colaboración. Los diez municipios que se quedaron huérfanos de alcaldes tuvieron un explicable ausentismo laboral, especialmente de agentes viales y policías uniformados. La SEDENA envió a grupos de soldados que asumieron la vigilancia de esos Ayuntamientos descabezados, instalando retenes en las calles, que ellos llaman “puestos de control”, y pobres de los que no se detengan porque primero disparan y luego viriguan. Otro reporte noticioso revela que Leonel Godoy se entrevistó desde que fue designado Gobernador electo, con el titular de la SEDENA , para entregarle en propia mano información sobre personas sospechosas de dedicarse a actividades ilícitas, direcciones, fechas y otros detalles. Y no sucedió nada. Los diez alcaldes y otros 17 altos funcionarios están “presentados” y sujetos a investigación. Antes, se investigaba para poder justificar una aprehensión. Está en la misma circunstancia el riobravense Miguel Angel Almaraz Maldonado, quien perdió la candidatura a diputado federal tras haber sido puesto bajo custodia federal, y ahora no le encuentran ilícitos que sustenten una formal prisión. Por consiguiente, le ampliaron el período de arraigo. En Ciudad Victoria, el Gobernador Eugenio Hernández Flores presumió que todos sus colaboradores están limpios, aunque más adelante reconoció que tres agentes ministeriales cambiaron billetes por libertad. En Nuevo Laredo, el alcalde Ramón Garza Barrios se declaró listo para atender una investigación de la PGR , haciendo destacar que el gobierno municipal aplaude, reconoce y apoya las actividades del ejército. Agregó el jefe de la comuna fronteriza que ha mantenido una invariable línea de colaboración con las autoridades federales cuando se la han requerido, en acciones tendientes a combatir a los delincuentes. Mientras tanto, la bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa de punto de acuerdo para emitir un severo extrañamiento al Presidente Felipe Calderón Hinojosa, por demorar la promulgación de leyes. El documento fue leído en tribuna por el diputado federal de Matamoros Marco Antonio Bernal Gutiérrez y está firmado por un montón de compañeros suyos, como el senador Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y César Duarte, y en la parte final, pidió que se aprobara por ser de urgente y obvia resolución. Pero la presidencia de la Permanente está en manos del Senador del PAN José González Morfín, quien se permitió aplicar a la bancada del PRI el exquisito y delicioso mayoriteo vulgo “aplanadora”. La iniciativa fue enviada a Comisiones para su estudio y dictaminación y será presentada hasta la próxima sesión, el miércoles, para su votación. El documento es un enjundioso compendio de las iniciativas de ley que se han aprobado, poco más de 40, apremiadas por el PAN y el gobierno, y que sin embargo permanecen “embargadas”, es decir, sin ser promulgadas para que entren en vigor. Marco Antonio Bernal habló en su exposición de los graves problemas económicos y de la no menos terrible inseguridad pública nacional, y de cómo el Congreso de la Unión armó nuevas leyes y modernizó otras, para amortiguarlos. En el renglón económico, el diputado tamaulipeco refirió las estadísticas del INEGI que comprueban una caída de la economía del 8.2 por ciento, la peor desde 1995. Las dos cámaras legislativas diseñaron estrategias jurídicas para alentar la recuperación de las actividades productivas, y en materia penal crearon leyes contra el narco-menudeo y la prevención de adicciones, la ley de extinción de dominio, el tráfico de armas, una nueva policía federal, entre otras. Se trata de más de 40 leyes cuyos decretos no se han publicado en el diario oficial de la federación, lo que causa extrañeza en la bancada priísta puesto que el PAN y el gobierno parecían ser los más interesados en que se aprobaran. En la conclusión de su mensaje, Bernal Gutiérrez insinúa que el gobierno de Calderón busca, más que proteger a la sociedad, “revivir” al PAN con miras a ganar la mayoría en la próxima Legislatura. A nivel local, la señora Adriana González de Hernández Flores hizo reunir a los expertos para realizar el VII Congreso Internacional Mejores Familias para la Mujer Tamaulipeca. A través de conferencias, mesas redondas, testimonios de experiencias personales, los participantes aportaron elementos que le permitirán al patronato del Sistema DIF-Tamaulipas mejorar sus programas que buscan llevar beneficios a la sociedad. Por su parte, el presidente de la junta de coordinación política del Congreso local Felipe Garza Narváez, tuvo dos fiestas sorpresa el miércoles en el palacio legislativo, con motivo de su cumpleaños. Por la mañana, los empleados del poder legislativo le ofrecieron un almuerzo pero sin mordida al pastel por aquello de los espontáneos, y por la tarde, las notas de un mariachi cerraron la sesión plenaria, arrancando con Las Mañanitas. Parece un muchacho pero Felipe cumplió 57 años de edad. Correo electrónico: albertoguerra65@hotmail.com