3 de febrero, 2011
Desde que la violencia se disparo en Nuevo Laredo, en el 2002, muchas han sido las víctimas de esta sin razón, entre ellos jefes policiacos y políticos. He aquí un recuento de ello.
Aquel 8 de junio de 2005 la sociedad neolaredense se estremeció con el crimen de Alejandro Domínguez Coello quien unas cuantas horas antes había sido nombrado jefe de lo policía.
Menos de dos meses después, el 5 de agosto del 2005, es acribillado a tiros el regidor Leopoldo Ramos Ortega, entonces presidente de la Comisión de Seguridad Pública, misma que desde entonces desapareció.
El 9 de mayo de 2008 fue muerto a tiros Rolando Montante Sanmiguel, hombre clave de la administración municipal; en agosto de ese mismo año desapareció el regidor Enrique Santos Treviño y desde entonces ya nada se supo de él, Meses después, correría la misma suerte, el coordinador operativo de la policía municipal, Fernando Vallejo García.
A esta lista ahora se añade el crimen del general Manuel Farfán Carriola, secretario de seguridad pública.
El crimen del general Farfán fue condenado conjuntamente por el alcalde Benjamín Galván Gómez y el Secretario de Seguridad Pública en Tamaulipas, general Ubaldo Ayala Tinco quien dijo que en las pesquisas colaboran la Procuraduría de Justicia y la PGR.
Mientras tanto, ayer hubo sesión de cabildo durante la cual se integró una comisión de seguimiento y transparencia sobre el proceso de entrega recepción de la anterior administración.
En la comisión participan 10 regidores, representativos de cinco partidos: uno del PRD, uno de Nueva Alianza, uno del Verde, tres del PAN y cuatro del PRI. Se trata de una comisión temporal, puesto que el ayuntamiento actual tiene hasta el uno de marzo para hacer aclaraciones sobre la documentación que entregó el gobierno anterior. La presidencia de este organismo recayó en Rafael Tawilll Rizo, quien por cierto no preside ninguna comisión dentro del cabildo, aunque si está incluido en algunas, sobre todo las relacionadas con la promoción de inversiones en Nuevo Laredo.
Algunos regidores se habían quejado de que no tenían acceso a la información sobre el estado financiero en que se recibió la administración y el impacto que esto tendrá en el presupuesto de este año que es de 1,891 millones, se deben casi dos mil y el presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para pagar deuda, es de 139 millones de pesos. Es decir, se baja el cero y no contiene.
Por lo pronto, los ediles del PAN ya están integrados en la Comisión y tendrán acceso a la información que ellos buscan y que muchos ciudadanos también quieren conocer, porque se trata de fondos públicos y entre mayor sea la deuda, menores son las oportunidades de hacer obras y sacar adelante programas.
En la misma sesión, se acordó que el ayuntamiento le solicitará al gobierno del estado un préstamo de 60 millones de pesos, a cuenta de las participaciones federales, para liquidar el crédito que por la misma cantidad solicitó la administración anterior y no pago y ahora los intereses son muy altos y si no se paga se convertiría en una deuda eterna.