El país requiere autoridades que actuen de oficio

Raúl HERNANDEZ

22 de abril, 2015

En México, todas, o casi todas las autoridades, suelen atender las denuncias ciudadanas, solo si estas se presentan de manera  formal, por escrito y en tiempo y forma.

Traducido al español, eso significa que si alguien se queja de que fue asaltado, debe presentar ante el Ministerio Público una denuncia por escrito, con copias a todo aquel que pueda tener interés en el caso.

En la denuncia hay que  señalar, con nombre y apellido, con sus generales, con domicilio y una  fotografía, a él o los culpables.

Es necesario anexar los testimonios de tres o cuatro personas, mínimo, que den  fe de que todo lo relatado es cierto.

Junto con el escrito, es necesario presentar a los  responsables,  quienes previamente deben haber confesado ante notario público que ellos fueron los que cometieron el delito que  se les imputa.

Con todos estos elementos, más una  fuerte gratificación  en efectivo, tanto para el secretario que  recibirá la denuncia como para el propio  agente del ministerio  público en funciones, es probable que la autoridad se ponga en  funcionamiento y castigue a los  culpables.

Para que la autoridad actúe será  necesario que la gratificación entregada por el denunciante sea mayor que  la que pueda ofrecer el  delincuente, a cambio de su libertad.

La forma de actuar de este tipo de agentes del ministerio público  se replica en todo  tipo de autoridades.

En materia electoral  pasa lo mismo. Ciertamente ha habido muchos avances en esta  materia durante los  últimos 20 años, sobre  todo cuando se separó a los órganos electorales  del  gobierno, pero aún estamos a  varios años luz de que  los procesos electorales se realicen con apego a la ley.

En cada elección, vemos como los principales partidos violentan los topes de gastos de campaña  y el Instituto Nacional Electoral poco hace al respecto. Se escudan en que para actuar se debe presentar una denuncia  formal  por parte de algún ciudadano. Si no  hay denuncia,  nada se  debe  hacer.

Algún día, en los próximos años o décadas,  debemos llegar al punto en el que INE  y  todas las autoridades, desde la PGR, la Profeco, la Comisión de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, la SEP, la Secretaría de Gobernación, la CFE,  la Conagua  y un largo etcétera,  actúen por oficio cuando a  la vista de cualquier ciudadano es evidente que se está  violentando  la observancia de alguna ley o regla administrativa.

Y que sean las autoridades las que investiguen  y los ciudadanos sean coadyuvantes en esa investigación, pero sin que  tengan que cargar en los  hombros con toda la responsabilidad, como sucede en la actualidad.

Cuando las autoridades actúen de oficio y se castigue la impunidad,  vamos a  tener un país más  justo.