5 de marzo, 2015
Hasta antes del 2000, en las campañas se gastaban carretadas de dinero y no había una sola autoridad que les impusiera un alto a candidatos y partidos y mucho menos que les exigiera cuentas.
Eso sí, en los medios de comunicación, tanto electrónicos como escritos, se solía hacer severas críticas al despilfarro, pero sin explicar que eran precisamente los medios, en especial los electrónicos, los que más se beneficiaba de la forma loca en que los partidos tiraban el dinero a la calle.
En cada elección, el mayor gasto de las campañas, se iba en la contratación de espacios publicitarios en la radio y televisión, con dos vertientes: la publicidad genérica de partidos y candidatos y la publicidad disfrazada de entrevistas y comentarios de conductores y analistas. A pesar de que se beneficiaban de las campañas, los medios simulaban estar en contra de este despilfarro y planteaban la necesidad de poner freno al gasto.
Cuando se legisló para que a partir del 2003 se impusieran topes de gastos de campaña, los medios electrónicos se encontraron con que por no ser dueños de sus negocios, sino concesionarios, el gobierno federal los obligó a regalar los spots a candidatos y partidos.
Claro, en un país donde las leyes tienen recovecos, los medios electrónicos pudieron seguir obteniendo ganancias en época de campaña, vendiendo entrevistas y cobrando jugosas mensualidades a cambio de hablar bien de los candidatos y omitir los cambios negativos.
Para este 2015, todo eso cambio, ahora hay una mayor regulación, ahora la ley obliga a los medios electrónicos a aplicar reglas de equidad en el manejo de la información electoral. Es decir, se tiene que transmitir información de cada candidato en una misma proporción de tiempo, lo que complica la cobertura, pues la gran mayoría de los medios no tienen suficiente personal para cubrir las actividades de los 10 candidatos, sin importar que vayan juntos, los que si juegan para ganar, con los que solo simulan hacer campaña.
Jodidos están los medios electrónicos con esta legislación que en teoría beneficia a la chiquillada pues cuando arranquen las campañas la radio y la televisión les tendrán que dar espacios en sus noticieros, pues de no hacerlo podrán quejarse ante el Instituto Nacional Electoral para que les imponga una elevada multa económica por no ofrecer equidad informativa y de aprobarse la sanción se aplicará tanto a la estación de radio o televisión, como al conductor implicado.
Por cierto, que para la elección de este año, los candidatos podrán gastar un promedio de 21 mil pesos, por cada uno de los 60 días que durará la campaña. Es decir, el tope de gastos de campaña es de 1 millón 260 mil pesos.
Claro, ya sabemos que hasta ahora los topes de gastos de campaña no se han respetado, pero son tantos los cambios que tiene la legislación electoral federal, que bien podría darse el caso de que la de este año sea una elección muy fiscalizada, en la que el INE aplique sanciones a los que evidentemente sobrepasen los topes autorizados.