2 de enero, 2014
Hubo reformas a la Ley de Transparencia que obligan a los 43 ayuntamientos de Tamaulipas a informar mensualmente a la Auditoría Superior del Estado, sobre sus cuentas públicas, dio a conocer el diputado local, Carlos Javier González Toral.
Además, a los ayuntamientos se les obliga a tener páginas electrónicas en las que puntualmente informen sobre su nómina, sueldos, licitaciones de obras, lista de proveedores etc.
Todo esto tiene como objetivo que los ciudadanos tengan acceso a la información pública, lo cual suena muy bonito, pero una cosa es lo que diga la ley y otra lo que ocurre en la realidad.
Intente usted, por ejemplo, informarse cuánto se gasta diariamente en gasolina, cuántos litros se destinan a cada vehículo –luego resulta que hay unidades que gastan cien litros diarios—a qué empleados, porqué se les proporciona y se dará cuenta que le exigen que su petición se formule por escrito, con cientos de copias, para que después de seis meses se le informe que su escrito no estaba bien redactado o para que le digan que su solicitud se remitió a la Dirección de Adquisiciones, pero como tiene una enorme carga de trabajo, por lo que tendrá que esperar unos 15 años, por lo menos, para que se le pueda dar contestación a su petición.
Y este tortuguismo se da a lo largo y ancho del país. No hay excepciones, desde el gobierno federal, hasta el municipio más modesto. Después de formular varias peticiones, se termina adquiriendo experiencia suficiente para obtener una respuesta en un lapso de entre 6 y 8 meses. La respuesta no necesariamente tiene que ser en el sentido de que se informe lo solicitado, pues pueda darse el caso de que simplemente se conteste que la información esta reservada.
Cuando hace algunos lustros nos toco cubrir la información en Laredo, Texas, hacerlo era todo un gusto. Si hoy queríamos conocer cuántos indocumentados detuvo la patrulla fronteriza el mes anterior, con rubros de edad y nacionalidades, no era necesario recurrir al director general para conseguir los datos, en ocasiones la secretaria de un jefe nos daba la información.
Lo mismo pasaba si queríamos conocer cuánto se gasto el mes pasado en los gastos de representación de los ocho ediles o si queríamos conocer cuánto se gastaba diariamente en la alimentación de los niños y jóvenes de las escuelas públicas.
Toda esa apertura se replicaba en el sector privado. Si queríamos que la Fundación para el Desarrollo de Laredo nos dijera cuántos socios tenían, cuánto aportaba mensualmente cada uno, en qué rubros se gastaba, ahí estaba la información.
A los fronterizos la vida nos castigo al hacernos vivir junto a los Estados Unidos y por eso siempre nos queremos comprar con su estilo de vida, sus leyes, sus costumbres y siempre terminamos perdiendo. Muchos a los que su economía les permite radicar legalmente en el vecino país, terminan olvidándose de la tierra que los vio nacer y adoptan a la patria que los acogió.